“No es casualidad que diversas revueltas se fueron entrelazando desde una territorialidad andina. Primero fue Ecuador, luego Chile, Perú, Colombia, y en Bolivia, país en que los pueblos movilizados lograron revertir un golpe de Estado. La Cordillera de los Andes nos une y nos acoge como anclaje de esos tiempos de pachakuti”.
Por Francisca Fernández Droguett*
“No son treinta pesos, son treinta años” es quizás una de las frases que más nos rememora el inicio de la revuelta en octubre del 2019 en Chile, que sigue siendo. Este lema refiere al anuncio del aumento de la tarifa del metro en la ciudad de Santiago, una de las más altas del continente, y que generó una serie de movilizaciones encabezadas por estudiantes secundarios para evadir el pago de este servicio, saltando los torniquetes que permiten el ingreso.
“Evadir, no pagar, otra forma de luchar” resuena con fuerza en cada acción.
La cifra de treinta pesos calza con los treinta años de postdictadura y de gobiernos de la Concertación, la Nueva Mayoría y de la derecha, en que el centro de la política estatal fueron las ganancias de quienes han ostentado el poder constituido y sus privilegios a costa de la vida de los pueblos.
En Chile hace décadas que habitábamos la precarización y la violencia estructural del neoliberalismo, que luego de la dictadura civil y militar, más que disminuir, se intensificó bajo la política concertacionista de “a la medida de lo posible”, perpetuando una Constitución al alero de un estado subsidiario.
La mercantilización y privatización tanto de bienes comunes sociales como naturales implicó la consolidación no sólo de políticas de despojo y saqueo de los territorios y las comunidades sino la instalación de una subjetividad neoliberal, en que nos convencimos de que la única forma de vida posible era pagando por todo, y no es casualidad que cuando luego vino la pandemia nos dimos cuenta que la normalidad era el problema.
Y nos cansamos, e hicimos cuerpo la rabia, la que estaba y sigue estando enraizada en décadas de injusticia y opresión, donde no sólo eran treinta años, sino cuarenta y siete, incluyendo como temporalidad la dictadura, pero también eran, como nos recordaron los pueblos originarios y afrodescendiente, más de quinientos años.
Desde octubre del 2019 vivimos en un pachakuti, en un tiempo de reinversión del mundo según los pueblos andinos, en que las estructuras históricas de opresión tambalean, lo que no está exento de contradicciones y tensiones, que es propio de este tiempo, en que habitamos una política de las incertidumbres pero a la vez teniendo la certeza de que debemos cambiarlo todo.
No es casualidad que diversas revueltas se fueron entrelazando desde una territorialidad andina. Primero fue Ecuador, luego Chile, Perú, Colombia, y en Bolivia, país en que los pueblos movilizados lograron revertir un golpe de Estado. La Cordillera de los Andes nos une y nos acoge como anclaje de esos tiempos de pachakuti.
Y vino noviembre del 2019, el Acuerdo de Paz, un acuerdo de los partidos, de quienes, con urgencia, necesitaban perpetuar sus privilegios ante la demanda popular por una asamblea constituyente que diera fin a la Constitución de 1980, invisibilizando la violencia de las fuerzas represivas contra los pueblos, las víctimas de trauma ocular, las y los presos por luchar, las muertes, las torturas y violaciones. Se impuso la figura de la Convención Constitucional, que si bien no era lo demandado algunos movimientos sociales de igual manera decidieron disputar.
En plena revuelta y proceso constituyente, en que se consolidaron y por otra parte emergieron asambleas territoriales para pensar una nueva Constitución, nos volcamos hacia una pandemia, que aún persiste. Las brigadas de salud instaladas en las movilizaciones se convirtieron en espacios de apoyo sanitario ante un gobierno que no le interesaba el bienestar de las personas, surgieron y se multiplicaron ollas comunes, redes feministas para el autocuidado ante el aumento tanto de la violencia estatal como en los espacios privados, así como también redes de abastecimiento popular.
La organización en el marco de la revuelta nos permitió enfrentar de mejor manera la pandemia.
En octubre del 2020 gana el apruebo por una nueva Constitución y la Convención Constitucional con más del 78% de los votos, y en mayo del 2021, de 155 convencionales electos, casi un tercio serán provenientes de listas de movimientos sociales, de la lista del Pueblo y de escaños reservados para pueblos originarios. La derecha no logra ni siquiera ser un tercio.
Hoy la presidencia de la Convención Constitucional está a cargo de una mujer mapuche, Elisa Loncon, gran defensora de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, dando cuenta de un ejercicio de justicia simbólica restaurativa, en que resuena el mapudungun como posibilidad de otra habla en un contexto institucional que sigue siendo colonial. Del mismo modo la autoridad originaria mapuche, la Machi Francisca Linconao, quien fuese detenida ante una falsa acusación, también es constituyente, junto a defensoras y defensores de las aguas y los territorios, feministas, y diversas luchadoras y luchadores de los pueblos.
El escenario actual está cruzado por diversos elementos. En la Convención Constitucional se ha ido posicionando la vocería de los pueblos como espacio de articulación entre convencionales independientes de movimientos sociales y pueblos originarios, espacio que coexiste a su vez con la lista del Pueblo, pero también las bancadas de partidos políticos desde la derecha hasta el Frente Amplio (conglomerado de partidos de centro izquierda), que han ido operando como bloque para preservar sus privilegios.
La situación más compleja es la demanda por la libertad de las y los presos por luchar, que la mayoría de constituyentes de movimientos sociales suscribió, y que solo generó una declaración de buena fe por parte de la Convención, que no ha provocado ningún tipo de efecto práctico. Por otra parte la represión a la movilización social sigue a la orden del día.
Demandas como justicia, reparación, y garantías de no repetición, adquieren relevancia ante la desidia institucional del gobierno.
Considerando lo aquí narrado, el poder popular emergente, el de los pueblos, se sitúa, más que nunca, desde lo territorial y lo comunitario, buscando al mismo tiempo incidir y desbordar lo institucional, navegando en mares de contradicción, pero con la claridad de que nuestros horizontes emancipadores se sostienen en torno a la búsqueda de esos otros mundos posibles, a partir de una revuelta que sigue siendo.
- Integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios- MAT, Somos Cerro Blanco y la Cooperativa La Cacerola
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