El jueves pasado murieron Macarena Maylen Salinas, Yanet Yaqueline Saquilán, María José Saravia y Micaela Rocío Mendoza (foto), que se encontraban privadas de libertad en la Brigada Femenina de la Policía, en la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán. La versión policial que circuló y se instaló rápidamente sostuvo que una de las víctimas inició un foco y que las tres oficiales que se encontraban de guardia esa tarde no pudieron ingresar. Lxs vecinxs -y no la policía- alertadxs por el humo, llamaron a los bomberos. Hay una sobreviviente.
Mientras se investiga el hecho, pasaron a disponibilidad a las tres oficiales que se encontraban de turno en el lugar, y también a la Jefa de la Brigada. Desde la querella que representa a la familia de Rocío Micaela Mendoza tienen indicios para sospechar del relato oficial, más aún si tenemos en cuenta la historia de masacres en contexto de encierro. Según cuenta Benito Allende, abogado de la familia de Rocío Micaela Mendoza, las tres oficiales que estaban de guardia ese día maltrataban a las mujeres alojadas en la Brigada y a sus familiares en las visitas.
La ciudad de Concepción está ubicada a 75 kilómetros al sur de la capital tucumana. Es la segunda ciudad en importancia y cuenta con aproximadamente 70 mil habitantes. Es una zona agrícola muy importante habitada por el empresariado tucumano, le dicen «La Perla del Sur». Su actual intendente es el ex campeón argentino de rally Roberto Sánchez, hoy precandidato a diputado nacional por juntos por el cambio, según nos cuenta Miguel Páez Fernández de Radio Uno de Concepción.
Benito Allende representa a Virginia Santana, mamá de Rocío Micaela Mendoza. Aunque todavía esperan que los confirmen como parte querellante para poder acceder al expediente, no tiene duda en señalar la responsabilidad estatal de estas muertes: “existe una responsabilidad directa por parte del personal policial de la guardia que se encontraba ahí, existe una responsabilidad directa del ministerio público fiscal y por parte de cierto sector de los operadores jurídicos porque las personas una vez condenadas tienen que ser llevadas a un servicio penitenciario”. El abogado habla de una responsabilidad anterior: tres de las chicas, entre ellas Rocío Micaela Mendoza, ya tenían condena y por la ley 24.660 debía cumplirse en el servicio penitenciario y no en la Brigada. Además de estar ilegalmente detenidas, Allende relata las condiciones en las que se encontraban las detenidas: “las tenían encerradas en condiciones infrahumanas, donde dormían en un colchón tirado en el suelo. Hay dos de las chicas que son de San Miguen de Tucumán y ante la falta de cupo que hay aquí en la ciudad las llevaron a Concepción, con lo que eso implica. Al estar privadas de libertad en la comisaría, también tienen que llevarle los familiares todos los días la comida, sino no comían. La situación en la que se encontraban estas chicas atentaba con lo último que se puede atentar que es la dignidad humana”.
La dudosa versión oficial
La familia de Rocío Micaela Mendoza descree de la versión oficial, y el abogado explica por qué:
“lo que sí llama la atención, a la madre, es que la guardia que estaba ese día a cargo de la unidad policial ya tenía diferencias con las internas. Porque ellas constantemente reclamaban el traslado al servicio penitenciario y recibían una serie de matatos, casualmente de esa guardia. La madre de Roció Micaela Mendoza, cuando va al hospital para reconocer el cuerpo, se cruza con las tres femeninas que estaban ese día encargadas de la comisaría, y lejos de estar lastimadas, o en una situación que dé cuenta de que trataron de prestar auxilio, no tenían ni siquiera sucia la ropa de trabajo. Lo que se está diciendo, viendo, lo que manifiestan testigos que vamos a incorporar es una diferencia muy grande. Esas tres oficiales ya tenían diferencia con las personas que estaban privadas de libertad y atendían mal a los familiares cuando iban. Y en el hospital estas personas no estaban ni siquiera lastimadas, no tenían nada. Por lo tanto esta versión que han hecho circular, de que se quemaron, de que trataron de prestar auxilio, quedaría por tierra si se comprueba lo que mi cliente ha manifestado “.
No es un caso aislado
El 2 de marzo de 2017 ocurrió la Masacre de Pergamino. Entonces, en la comisaría primera de esa ciudad murieron siete pibes alojados en la celda 1, cuando un pequeño foco de fuego tomó toda la habitación donde se encontraban alojados, hacinados, y sin agua. El juicio que se realizó en 2019 condenó a seis policías por el delito de abandono de persona seguido de muerte. Entre muchas cosas se pudo demostrar que ninguno de los seis oficiales presentes esa tarde noche hicieron nada por salvar a los pibes que gritaban desesperados y encerrados. Hay dos datos de Pergamino que nos resonaron con el hecho de Tucumán: los vecinos -y no la policía- llamaron a los bomberos y los oficiales no tenían marcas de haber intentado asistir un incendio. Dejar morir también es matar, nos enseñaron los familiares de la Masacre de Pergamino. Coincidencia de la fatalidad, los hechos de Pergamino y de Concepción sucedieron un Jueves 2 (de marzo de 2017 y de Septiembre de 2021).
Si hablamos de antecedentes en la misma provincia, el 13 de agosto de 2015 fallecieron dos personas en la Brigada norte. Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia había llamado la atención a los operadores jurídicos, fiscales y jueces y también a los operadores policiales, para que sean respetuosos de los derechos y garantías que amparaban a las personas privadas de libertad. Allende denuncia: “esta situación de hacinamiento en la que se encontraban no es una situación aislada. Si en 2015 se produjo una situación similar y la corte ya había llamado la atención a todos los operadores jurídicos, nadie con sentido común puede creer que esto fue un accidente o que no se podría haber evitado“.
Personas privadas de libertad en lugares no habilitados a tal fin, en condiciones de habitabilidad que van en contra del respeto de los derechos humanos. Muertes evitables en contextos de encierro, repetidas escenas de personas encerradas que gritan desesperadas auxilio, ante el calor que asfixia, ante funcionarios estatales, policías testigos, participes necesarios, responsables directos de esas muertes evitables. Medios tradicionales que hablan de tragedias y repiten la versión policial. Sobrevivientes a lxs que hay que cuidar y que son fundamentales para llegar a la verdad. Familias, madres, que se rearman para gritar una vez más que no se van a cansar, que no van a parar, no por sus hijas porque a ellas no las devuelve nadie, sino por lxs que quedan y están sometidxs todos los días a ese sistema de muerte que es el encierro. Como dijo Victoria, la mamá de Micaela, “nada más quiero que se haga justicia. No va a quedar esto así, por muchas chicas y chicos que pueden pasar lo mismo“.
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Agradecemos el testimonio que nos compartió Miguel Paez Fernández de Radio Uno de Concepción para el armado de esta nota
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